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Por Dianeth Pérez Arreola
El martes 23 de marzo de 2021, me fue notificado el oficio FEBC-DIOF0013/2021, firmado por la agente del Ministerio Público Lic. Svetlana Charles Guzmán, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California (FEBC), donde se me solicita bajar la información referente a Natalia Rivera Grijalva, exjefa de la Oficina de la Gobernadora Claudia Pavlovich.
El portal que dirijo, Yo Rechazo la Corrupción y la Impunidad, publicó varias notas que desvelan que la ahora candidata de la alianza “Va X Sonora” creó una red de empresas desde su cargo de funcionaria, denunciando un presunto caso de corrupción.
La medida de protección, realizada a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California a pesar de haberse generado en Sonora, alega que incurrí en violencia de género por publicar dicho reportaje, por lo cual en caso de no retirar el contenido que se me ha solicitado o de volver a publicarlo, se me hará acreedora a una sanción de arresto pues “constituye presuntivamente violencia política contra la mujer en razón de género”.
El abogado especialista en materia penal, Jesús Alejandro Santos Díaz, habla sobre las deficiencias de la notificación y de cómo afecta un documento de estas características a la libertad de expresión:

Considero que la acción de Natalia Rivera Grijalva es una afectación a mi libertad de expresión y constituye un acto de intimidación a mi labor como periodista. A pesar de que el documento de la FEBC cita el Artículo 36 Fracción V de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora, que “prohíbe intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia”, el reportaje en cuestión no aborda ninguna cuestión personal; se limita estrictamente al desempeño y honestidad de la funcionaria como servidora pública.