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Redacción

Al menos 45 empresas son investigadas por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y Estados Unidos, desveló una investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad en el periódico Reforma.

Las empresas fueron utilizadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, los partidos  PRI y PVEM, gobiernos estatales, en el sexenio pasado, y por la alcaldía capitalina del PAN en Benito Juárez.

Las empresas “fantasma” tienen adeudos fiscales que rebasan los 107 millones de pesos, según determinó el Sistema de Administración Tributaria entre 2019 y 2020. Las empresas operaban en cinco países y para su operación fueron robados datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey.

Consultoría SOW fue supuestamente fundada por la señora Irene, que estaba a punto de cumplir 70 años cuando se convirtió sin saberlo, en accionista de la citada empresa, que es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas por posible lavado de dinero de cinco millones de dólares en cinco países.

Destaca que en un solo día se crearon cuatro compañías ante el mismo notario público, José Alfonso Gómez Tamez. Además, se asienta en los documentos que la señora Irene aparece también como dueña de Desarrollo Comercial Lexir, utilizada para comprar tres residencias en San Pedro y Monterrey para el líder del cártel de los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, detenido en el 2015.

Otros vecinos de la colonia Valle Verde fueron convertidos en empresarios, todos adultos mayores y sin conocimiento del mal uso de su identidad. Cuauhtémoc, de 84 años aparece en nueve empresas; Martha, de 74 en siete y Ubaldo, de 71 en otras tres, según la investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad.

Todos residen en la calle Espátula en la colonia Valle Verde en Monterrey. Ninguno sabía que era empresario hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por incumplimientos del pago de impuesto.

Más de 25 empresas fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y para el 2015 ya habían sido liquidadas pero fueron usadas para obtener contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México.

La nota del diario Reforma señala que al PRI y al Partido Verde les facturaron servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina. También facturaron a dependencias gubernamentales de la administración de Peña Nieto como Comunicaciones y Transportes, el CISEN y el Instituto Nacional de Migración.

Además, la delegación Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia cuando el delegado era el panista Jorge Romero Herrera, actual diputado y vicecoordinador de la bancada blanquiazul en San Lázaro.