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Durante sus dos primeros años, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), conocida como la Conasupo de la 4T, otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU. El socio y operador de tres de esas compañías participa en una facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de operaciones

Por Iván Alamillo y Alejandra Barriguete/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Juan es un joven de 25 años que vive en una modesta casa en una colonia popular de Tlalnepantla y es dueño de una lavandería. Al mismo tiempo, es un contratista de Segalmex que ha ganado adjudicaciones por cientos de millones de pesos.

A unas cuadras, también en Tlalnepantla, dos empresas que fueron beneficiadas con contratos por unos 100 millones de pesos tienen su domicilio en un edificio casi abandonado.

Del otro lado de la ciudad, en la colonia Jesús del Monte, en Cuajimalpa, Ana, que apenas pasaba los 20 años, creó una empresa que en su primer contrato recibió más de 60 millones de pesos también desde Segalmex.

Juan, Ana y las dos compañías son parte de una red de seis empresas vinculadas entre sí que recibieron adjudicaciones directas por 797 millones de pesos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020, y cuyos accionistas y operadores han participado en empresas fantasma y en desvíos millonarios del ISSSTE y la SEDATU.

Todos los contratos a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción.

La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

La importancia de estos contratos era tan grande que, según Segalmex, el no adquirir los costales y las tarimas para el almacenaje de granos podía derivar en pérdidas por 18 mil millones de pesos. Las empresas incumplieron con la entrega y no fueron sancionadas.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que el dueño de una empresa fantasma, incluida en la lista negra del SAT de sociedades que simulan operaciones, es a la vez socio y representante de tres de las empresas contratadas por Segalmex.

Esas empresas, a su vez, se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos, números telefónicos y accionistas que viven en colonias populares.

Incluso, algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en La Operación Safiro y en la red de lavado de dinero publicada en junio de 2021 por Animal Político en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.

Los 797 millones de pesos de Segalmex a esta red de empresas fueron repartidos en seis contratos por adjudicación directa. Uno por cada compañía.

Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia y otras herramientas de búsqueda.

MCCI buscó a Segalmex y a Gavira Segreste para pedir sus posturas sobre estos contratos, pero decidieron no responder.

Facturero opera en tres empresas de la red

Florencio Reséndiz Hernández está ligado a tres empresas de la red. Es representante de la asamblea de socios de Fruverloz y, a su vez, es accionista de Properloz y Professional Bright XRW.

Fruverloz y Professional Bright XRW son las compañías que según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación no entregaron a tiempo los bienes pactados y que a pesar de ello no fueron penalizadas por los funcionarios de Segalmex.

Además, según documentos del Registro Público del Comercio, Reséndiz Hernández es accionista de Consultoría Tiverane, la cual ya fue enlistada oficialmente por el SAT en febrero de 2019 como una compañía que factura operaciones simuladas; es decir, se trata de una empresa “facturera” o “fantasma”.

La dirección que Reséndiz indicó como suya es una casa en una zona popular cerca de El Potrero en el Estado de México. En el frente del inmueble hay una tienda de abarrotes y la mujer que la atiende dijo que Reséndiz renta un cuarto en esa vivienda.

Su modesta forma de vida contrasta con las asignaciones por 668 millones de pesos que recibieron las empresas en las que figura como dueño o representante.

De esos 668 millones de pesos de contratos en Segalmex, 325 provienen de las dos compañías donde Reséndiz es accionista o dueño, y 342 de la compañía donde es representante de la asamblea de socios.

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