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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció oficialmente 187 casos de personas que murieron o resultaron heridas como resultado de la actuación de elementos del Ejército Mexicano desplegados en operativos en el país en la última década. 2018 y 2019 son los años con más casos registrados, publicó el portal Animal Político.

Pese a tratarse de víctimas de una autoridad federal, menos de la mitad de dichos casos fueron reportados ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y por ende tampoco fueron inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que se les reparara el daño. De hecho, en los últimos cinco años apenas 22 de los casos fueron notificados a esa comisión.

En cambio, la Sedena asistió a los afectados a través de una unidad interna que creó en 2010 para personas que resultaron víctimas de acciones de sus militares y firmó con ellos convenios con cláusulas de confidencialidad a cambio del pago de fuertes sumas de dinero y otros apoyos. A diferencia de la CEAV, el Ejército no quiso transparentar el monto que ha pagado a dichas víctimas.

Incluso, el Ejército ya ha comenzado a captar con dicho mecanismo a víctimas de la Guardia Nacional.

Así lo confirman información oficial obtenida por Animal Político a través de una solicitud de transparencia, un análisis y un oficio interno que un mayor de justicia militar dirigió al titular de la Sedena, en el que le advierte las irregularidades de atender a las víctimas con una unidad interna en vez de notificar a la CEAV como lo marca la Ley General de Víctimas.

Dichas afectaciones van desde la imposibilidad de las víctimas de acceder a una reparación integral del daño, hasta que se les prive del derecho a la verdad y justicia al no notificarse los casos a una autoridad investigadora independientes, o que no haya garantías de no repetición. Ello además del crecimiento de una lista negra de víctimas en el país.

“No hay que olvidar que una reparación integral del daño no solo es una compensación económica. Se trata de una satisfacción, de una rehabilitación, de medidas de no repetición. Entonces limitarlo únicamente al pago de una compensación no cumple con el objetivo de la reparación integral del daño y pues creo que es clara la finalidad con al que lo hace la Sedena. Que no se llegue a un proceso penal o a una recomendación por violaciones a derechos humanos”, dice Reyna Velasco, abogada experta en atención a víctimas.

En respuesta a la solicitud de transparencia folio 0000700280420, la Sedena informó que cuenta con un registro de 187 casos de civiles afectados por acciones militares en 24 estados del país, entre 2010 y 2020. La dependencia no especificó si cada caso corresponde a una o varias víctimas.

De los casos reportados, 51 corresponden a decesos de civiles como resultado de las acciones militares. No se trata de presuntos delincuentes abatidos sino de personas que fueron afectadas colateralmente en los operativos. A ellos se suman 52 civiles que no murieron, pero resultaron lesionados.

A partir de 2015, los datos revelan el surgimiento de otro tipo de abusos y afectaciones colaterales además de las mencionadas. Por ejemplo, la dependencia reportó 22 casos de negligencias médicas en los servicios de salud del Ejército.

Abusos de autoridad, daños materiales y detenciones sin justificación, completan la lista de casos reportados por la Defensa Nacional.

El 2018, último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y el 2019, primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, son los años que concentran más casos reconocidos por Sedena, cada uno con 28. Le siguen 2017 y 2014 en los que se reportaron 22 respectivamente.

Tamaulipas es, por mucho, la entidad que concentra la mayor cantidad de daños colaterales y abusos de las fuerzas armadas con 51 casos, que equivalen al 27% del total. Jalisco y Nuevo León son las dos entidades que le siguen, cada una con 12 casos respectivamente.

Michoacán es la cuarta entidad con más casos de abusos militares con 11 respectivamente, y después se ubican empatadas Baja California y Ciudad de México, cada una con 10.

El caso de la capital del país tiene la particularidad de que la mayor parte de los casos reportadas en ella corresponden a negligencias médicas. Aunque no se detalla una explicación de ello, cabe señalar que en la ciudad se encuentra el Hospital Central Militar, que es la unidad médica más grande de la Sedena.

En Sinaloa, la Sedena reportó ocho casos de afectaciones colaterales, mientras que en Veracruz y Chihuahua informó de siete.

Los ocho estados donde la Defensa Nacional no reportó casos son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.

En 2010 la Sedena puso en marcha la denominada Unidad de Vinculación Ciudadana (Univic) con la finalidad, entre otras cosas, de “atender de manera oportuna y eficaz a personas civiles que resulten afectadas por la participación del personal militar en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

La creación de esta unidad ocurrió tres años antes de que se expidiera la Ley General de Víctimas que, a su vez, dio paso a la constitución de la CEAV como único organismo coordinador del apoyo a las víctimas y responsable del Registro Nacional de las mismas. Pese a ello, y como lo prueba la información entregada por la Sedena, la UNIVIC continúa operando paralelamente hasta la fecha, y ha atendido directamente los 187 casos de afectaciones colaterales mencionados.

A pregunta expresa de cuántos de estos casos le fueron notificados a la CEAV, la dependencia contestó que 86, que son menos de la mitad de los registrados. Dicho de otra forma: hay 101 casos que el Ejército no le dio a conocer a la comisión y, en consecuencia, las víctimas de ellos no están inscritas en el Registro Nacional.

La mayoría de los casos reportados a la CEAV ocurrieron en años previos a 2015. En cambio, de los 105 casos registrados de 2016 en adelante, menos de la cuarta parte (22) han sido notificados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Para atender a las víctimas de los daños colaterales causados por sus elementos, la UNIVIC de la Sedena procedió con la firma de 175 convenios de carácter confidencial con los afectados.

De acuerdo con un mayor de justicia militar que ha participado en dichos procedimientos (cuyo nombre se reserva por seguridad) el punto central es el pago de fuertes sumas económicas que discrecionalmente define la Sedena, sumado a otros apoyos como asistencias médicas. Uno de los requisitos que se pide a los afectados es mantener secrecía de los hechos y apoyos.

Como parte de la solicitud enviada a la Sedena, Animal Político requirió conocer a cuánto ascienden los recursos entregados a las víctimas tras la firma de los convenios. La respuesta de la dependencia es que “la información referida se encuentra clasificada como reservada”.

Esta respuesta contrasta con la información de CEAV, la cual sí transparenta los montos que se erogan por los acuerdos de compensación o reparación de daño con las víctimas. Por ejemplo, la CEAV informó recientemente que se han destinado 36 millones de pesos en compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos de la Secretaría de Marina.

Un oficio dirigido al titular de la Sedena en agosto del 2020 firmado por el referido mayor de justicia militar, y al que Animal Político tuvo acceso, identifica las irregularidades que representa la intervención de la UNIVIC en vez de la CEAV en la atención de víctimas tanto del Ejército como de la Guardia Nacional.

Entre ellas destaca, por ejemplo, la omisión de inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), situación que a su vez da paso a otras irregularidades como la falta de oportunidad para acceder a una reparación integral acorde a los parámetros que la Ley General de Víctimas Establece.

El que haya víctimas que no llegan al RENAVI deriva oficialmente en el crecimiento de una lista negra de víctimas y con ello de la opacidad A su vez, eso significa que la dimensión del problema de uso indebido y abusivo de la fuerza no se conozca realmente y, por lo tanto, tampoco se adopten medidas de no repetición y solución de estos problemas.

En otro análisis elaborado por el mismo funcionario castrense y entregado directamente a este medio, se añade que la firma de estos convenios limita las posibilidades de recibir una mayor asistencia jurídica.

“Si bien es cierto aparentemente la UNIVIC realiza una labor digna de reconocimiento, de acuerdo con sus informes periódicos en los que señalan que las víctimas reciben atención médica y psicológica de calidad, lo cierto es que este mecanismo reditúa en mucho los intereses del ejército al evitarse en su mayoría la intervención de autoridades como lo son los Agentes del Ministerio Público, la CNDH, o el CEAV” indica el informe.

La abogada especializada en la asistencia jurídica de víctimas, Reyna Velasco, coincidió en la misma problemática. Incluso, consideró que es muy posible que los casos que la Sedena señala que sí fueron reportados a la CEAV, haya sido como consecuencia de la intervención de otra autoridad.

“El que las víctimas no lleguen a la CEAV termina, a la larga, por limitar sus derechos. El pago solo de una compensación no es una reparación integral del daño”, dice Velasco.

Catalina Pérez Correa, investigadora de la Universidad de Stanford especializada en temas de fuerzas armadas, alertó además que la diversificación de daños colaterales que el Ejército ha causado en los últimos años a las personas, refleja su involucramiento en actividades cada vez mas amplias que ya no se limitan solo a enfrentamientos con el crimen organizado.

Además, la especialista consideró aun más grave que la Defensa Nacional esté involucrándose en la atención de víctimas no solo del Ejército sino de la Guardia Nacional, situación que prueba una vez mas que dicha policía civil en realidad se encuentra bajo el control de las fuerzas armadas.

“Tenemos de nuevo este tema de la duplicidad de la Guardia Nacional. Una institución que es de facto militar. Pero además hay un problema de transparencia serio porque la Sedena termina atendiendo violaciones a derechos humanos de la Guardia y ocultando los casos lo que genera, lo que tergiversa la opinión pública que puede tenerse de esa fuerza”, concluyó.