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Por Óscar Rosales y Reyna Haydee Ramírez /Raíchali

La ubicación de la comunidad, su paisaje y la vista que tiene hacia las barrancas, es un atractivo para los inversionistas que buscan desarrollar un mayor complejo turístico, aledaño al parque Aventura Barrancas, que les ha costado más de dos décadas de resistencia y lucha contra el despojo y contaminación del agua a esa comunidad y otras dos vecinas, también rarámuri: Bacajípare y Huetosachi.

A pesar de que los pobladores de Mogótavo tienen evidencia de que la comunidad existe desde por lo menos principios del siglo XX en una extensión de 1,500 hectáreas, las autoridades no les han entregado escrituras, pero conservan su derecho ancestral por el que luchan en tribunales agrarios.

Recientemente, el Tribunal Superior Agrario falló en contra de la comunidad porque éste supuestamente no respondió una demanda de la que no fue notificada, y determinó que los dueños de ese territorio son los empresarios: Ricardo Orviz Blake (exdiputado local), Omar Bazán Flores (expresidente del PRI estatal y actual diputado local en busca de su reelección), Agustín López Daumas, Ricardo Valles Alvelais y Jesús Alberto Cano Vélez.

Después del fallo, los empresarios demandaron penalmente por despojo a los representantes de la comunidad, ante la Fiscalía General del Estado.

El jueves pasado, acompañados de abogados en derechos humanos que les apoyan, como la asociación civil Awé Tibúame, un grupo de rarámuri de Mogótavo viajó a la Ciudad de México a promover un amparo, a fin de responder a la demanda sin riesgo de ser detenidos.

Las autoridades tradicionales dieron a conocer en entrevista, que un grupo de personas mestizas han querido ocupar sus tierras, legadas por sus ancestros, pero están dispuestos a defenderlas.

Uno de los representantes de la comunidad dijo que desde que empezó este conflicto han vivido en la incertidumbre, entre el sobresalto y la incertidumbre de que lleguen estos empresarios a despojarlos de sus tierras en Mogótavo, poblado que se encuentra cerca de la estación del tren Chepe del Divisadero.

“Les han ofrecido casas, reubicarlos, pero han resistido. Ellos no salieron de ahí, seguirán ahí y no van a salir de ahí, pues de ahí son”, agregó el abogado Horacio Lagunas.

Otro de los representantes de la comunidad agrega:

“Al presidente le pedimos que nos atienda para seguir adelante con el trabajo, que no nos molesten. Así cada rato andamos apurados, para allá, para acá. Cada vez que amanece, piensa uno: ‘¿ahora qué seguirá?, a ver si vienen otra vez a molestarnos”, externó uno de los gobernadores de Mogótavo, sentado con su cubrebocas en un sitio ubicado frente al Zócalo capitalino.

La comunidad ha interpuesto varias denuncias en los tribunales agrarios, han presentado pruebas para demostrar que sus derechos ancestrales ahí vivieron y que son posesionarios de esas tierras, pero advierten que algunos magistrados podrían estar favoreciendo a los empresarios.

“La comunidad es invisible para todos ellos, la comunidad tiene ahí cientos de años, está probado con documentos. La Diócesis nos dio constancias de bautismo de 1915, desde entonces ya se conocía como Mogótavo”.

“Hay registros de 1930, el Inegi ya tenía registrada como comunidad a Mogótavo y ellos (los empresarios) dicen que apenas acaban de llegar y ya los están acusando de despojo”, explica Lagunas.

ANTECEDENTES

Los cinco empresarios adquirieron 154 hectáreas de la comunidad de Mogótavo en 2008, a la empresaria Odile Sandoval.

“Les vendió a los inversionistas que tienen mucho interés en negocios de turismo (…) curiosamente, la señora les vendió precisamente el pueblo principal, la escuela, el dispensario médico, la iglesia, precisamente uno de los lugares más ricos (en recursos naturales)”, detalla el abogado.

Los empresarios esperaban que Sandoval desalojara el territorio. En 2011 que intentaron reubicar a la comunidad de unos 400 habitantes, no pudieron y Mogótavo inició los litigios para obtener el reconocimiento ancestral y las escrituras.

Los Sandoval dividieron el terreno de la comunidad en tres lotes en la extensión de la comunidad, 1,500 hectáreas, desde 1985, cuando se hizo la primera adjudicación. En 2011 la controversia entre las partes ya estaba en marcha.

“Pues a raíz de todos esos acontecimientos, hizo un intento de reubicar a un grupo de ellos ahí en Mogotavo. Les hicieron casas en otro lado con material de ladrillo, casi los convencieron, pero no quisieron. ‘¿Cómo nos vamos a ir de nuestra tierra?, dijeron. Odile Sandoval acudió a la SEP para recuperar lo que supuestamente era de ella, pero educación indígena no aprobó la solicitud porque había antecedentes del derecho ancestral”, acotó el abogado Lagunas.

Finalmente frenaron la reubicación de la escuela y en 2011 promovieron el primer juicio de nulidad de la compraventa y de adjudicaciones, demandaron al estado y al Fideicomiso Barrancas del Cobre, porque el gobierno estatal le compró una superficie similar de la misma comunidad, a Ivonne Sandoval, hermana de Odile y propietaria del hotel más importante de esa zona.

En las hectáreas que adquirieron en los terrenos de Mogótavo, pretendían construir una nueva estación del tren, pero las comunidades no estaban enteradas. “Todo eso se hizo en lo oscuro, en lo alto, cuando empezó todo y se movieron más”, dijo el abogado rarámuri, Miguel Parra.

Y es que en la región de Barrancas del Cobre en el área turística, ofrecían a 100 pesos la hectárea, pero la familia Sandoval vendió las hectáreas a los empresarios-políticos, en 2 mil 250 dólares, aseguraron los representantes de la comunidad.

“Es un abismo porque por la situación turística nosotros lo hemos comprobado, por eso ellos están muy interesados. Si ellos invirtieron toda esa cantidad, es porque piensan que están avanzando, pero la comunidad está luchando. Vamos a defender con acciones legales, civiles, ante todas las instancias”, advirtieron.

“Lo que reclamamos son tres fracciones que se repartieron”, dijo otro de los representantes, respecto de la demanda que recibieron por despojo y que se encuentra radicada en Cuauhtémoc, en la Fiscalía Zona Occidente.

La otra comunidad vecina, Bacajípare, interpuso un amparo y realizó acciones de carácter civil y Mogótavo promovió el juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario del Distrito 5 en 2011.

“Entonces durante varios años se estuvo litigando bastante, presentamos pruebas, peritajes, varios años”, acotaron.

Han emprendido varias batallas legales, los empresarios contrataron despachos de abogados para afectar a la comunidad y lograron que el juicio se siguiera hasta el final.

“Por las presiones que hubo, llega la resolución en 2018 y se dicta, declarando que no procede la acción, porque presentaron su demanda extemporáneamente, que porque pasó mucho tiempo, reclamando hechos de tiempo atrás, pero que a ellos nunca les notificaron”, detalla el abogado Horacio Lagunas.

La comunidad interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario contra la sentencia que salió en agosto o septiembre pasado, en plena pandemia, pero la comunidad desconocía esa demanda.

“No nos notifican a la comunidad, se supone que es obligación hacerlo, pero no fue así. Llegó el expediente de regreso a Chihuahua y el magistrado del Tribunal Unitario declara ejecutoriada la sentencia. Comienzan a atemorizar a la comunidad con la demanda penal por despojo y el 9 de junio es la audiencia, por eso promovimos un amparo porque puede ser una trampa”, agregó otro de los representantes indígenas de Mogótavo.

El jueves acudieron a la Ciudad de México para presentarse ante el Tribunal Superior Agrario para darse por notificados por la sentencia, de manera oficial e impugnar la sentencia, detalló el abogado.

Ofrece AMLO atender a Mogótavo

En la conferencia matutina del jueves 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender este caso y cuestionó por qué un grupo de empresarios estaría interesado en sus tierras.

“Que el procurador agrario los atienda hoy mismo y a lo mejor alguien puede preguntar: ¿Y por qué tanto interés en esas mil 500 hectáreas en Urique que está allá en El Espinazo de la Sierra Tarahumara?”, dijo cuando se le preguntó sobre la postura del gobierno federal ante la problemática de los pueblos que tienen derecho ancestral pero no cuentan con escrituras de su territorio.

Anuncian movilización

Integrantes de las comunidades de Mogótavo, Bacajípare y Huetosachi, acompañados de organizaciones de la sociedad civil, anunciaron una serie de movilizaciones en el área turística del Divisadero Barrancas del Cobre el próximo sábado 29 de mayo, en protesta por los procesos jurídicos que existen contra ellos por parte de empresarios priístas para despojarlos de 154 hectáreas de tierra.

El exdirigente del PRI estatal y actual diputado, Omar Bazán Flores (quien busca la reelección como plurinominal), Ricardo Orviz Blake (exdiputado local y dueño de una inmobiliaria), así como Agustín López Dumas, Ricardo Valles Alvelais y Jesús Alberto Cano Vélez, son quienes intentan por la vía penal desalojar a los pobladores rarámuri de Mogótavo.

Los personajes priístas denunciaron por despojo agravado a tres gobernadores indígenas y reclaman las tierras como suyas ya que, en 2008, la empresaria Odile Sandoval se las vendió por más de dos millones de dólares. Las autoridades federales en 1984 le otorgaron el titulo definitivo a la familia Sandoval, ignorando los intentos de las familias rarámuri por regularizar su situación, pese a que hay registros de su existencia en la región desde 1915.

En conferencia de prensa, Miguel Manuel Parra, vocero de la comunidad, expresó la indignación que existe debido al trato que se les da a los pueblos originarios y que se utilizan meramente como producto comercial a conveniencia.

“Son tratados como productos, para la mercadotecnia, para la venta de turismo, pero después otros que quieren hacer estas cosas ahí andan denigrando. No los consideran como seres humanos”, manifestó.

Fausto Delgado, abogado penalista, detalló que en Mogótavo existen registros de bautizos desde hace cientos de años. Compartió que, en el 2010, el padre Javier Ávila asistió a la comunidad para realizar decenas de bautizos, que dejan en evidencia que la mayor parte de la población esta conformada por niños.

Delgado señaló que era absurdo que un personaje como el Orviz Blake, dueño de la fraccionaria que lleva su apellido, denunciara contra los pueblos originarios.

“¿Cómo se le ocurre denunciar despojo si él no vive ahí? Él es una persona de Delicias. La gente rarámuri de Mogótavo, ellos nacieron ahí. ¿Cómo es posible que lo despojaron? ¿Va pretender que los muertos qué están en el panteón despojaron a su empresa?”.

Aparentemente, las intenciones por adueñarse de las tierras son para construir un campo de golf, un proyecto “absurdo”, comentó el abogado.

Asociaciones como Awé Tibúame, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Centro de Educación y Capacitación en Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), acompañan a las comunidades en esta defensa.

La audiencia de imputación para los gobernadores indígenas se llevará a cabo el 9 de junio, tres días después de las elecciones, en la ciudad de Cuauhtémoc.