Misma historia, diferentes protagonistas

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Por Dianeth Pérez Arreola

“La solución somos todos” rezaba el lema de campaña de José López Portillo a mediados de los setentas, que se convirtió al final de su sexenio en “la corrupción somos todos”. Durante su mandato expresó frases como “es el orgullo de mi nepotismo”, refiriéndose al nombramiento de su primogénito como subsecretario de estado y “no te pago para que me pegues”, en respuesta a las críticas de la prensa.

López Portillo le dio a su amigo Arturo Durazo Moreno el cargo de director de Policía y Tránsito del Distrito Federal, personaje que representa uno de los peores excesos de ese sexenio.

Habrían de pasar dieciocho años para que llegara otro partido político al poder. El panista Vicente Fox prometía el ansiado cambio de ruta para México, la gente estaba harta del Partido Revolucionario Institucional y eso se reflejó en el 42 por ciento de los votos que llevó a Fox a la presidencia.

Pero la ilusión de una transición a una nueva forma de gobernar terminó pronto pues en el primer año de gobierno estalló el “toallagate”: compras de productos con precios inflados destinados a la residencia oficial de Los Pinos. Después vendrían los escándalos por los negocios de los hijos de su esposa, los Bribiesca Sahagún, seguido del evidente enriquecimiento de la pareja al terminar el sexenio.

Con Felipe Calderón las cosas no fueron distintas: llegó a la silla presidencial tras dudosos resultados electorales. Durante su mandato surgieron escándalos de corrupción como la estela de luz, el uso de recursos públicos para triangular recursos y la creación de ex profeso de empresas para asignarles contrato, aunque sin duda la marca de su sexenio fue la fallida guerra contra las drogas, que dejó miles de muertos y pocos resultados.

El regreso del PRI al poder ante la decepción de los gobiernos panistas llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia. Hizo las mismas promesas de cambio que sus antecesores, pero casos como la Casa Blanca, la estafa maestra y el saqueo de Pemex lo dejó como uno de los peores presidentes contemporáneos.

Andrés Manuel López Obrador llegó con Morena en el tercer intento a la presidencia, tras los fracasos de las administraciones priístas y panistas de terminar con la corrupción y la impunidad. Él representaba la esperanza ahora sí, de un verdadero cambio; su discurso anti-corrupción y en pro de la austeridad convenció a los ciudadanos al punto que arrasó en las elecciones y llegó a la silla presidencial con la legitimidad que no tuvieron los últimos presidentes.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Calidad del Impacto Gubernamental del INEGI reporta que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos, creció 7.5 por ciento entre 2017 y 2019. A pesar de eso, la encuesta también reveló que su duplicó la confianza de los ciudadanos en el gobierno federal.

Si bien López Obrador intenta cumplir en lo posible su promesa de terminar con la corrupción, ésta se sigue dando en todos los niveles de gobierno. Siguen asignándose obras sin licitación, como en la construcción de una refinería en Tabasco; autorizaron la adquisición de veinte ventiladores médicos a la empresa del hijo de Manuel Bartlett al precio más alto pagado hasta entonces, que además no cumplían con los requisitos solicitados y al final fueron devueltos; cuando la riqueza inmobiliaria de Bartlett, su esposa e hijos quedó al descubierto, la Secretaría de la Función Pública desestimó el caso al determinar que Bartlett no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles porque no eran suyos; la Conade, dirigida por Ana Guevara utilizó tres empresas para triangular recursos públicos del Fondo de Alto Rendimiento para financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.

Pero el presidente es reacio a reconocer errores y a aceptar críticas. Sus proyectos emblemáticos como la venta/rifa del avión presidencial, la construcción del nuevo aeropuerto y el tren maya levantan también suspicacias en fondo y forma.

La corrupción y la impunidad son monstruos alimentados durante sexenios que son difíciles de erradicar en el corto plazo. A pesar de las descalificaciones del presidente a los medios de comunicación que son críticos, la investigación y difusión de los casos de corrupción e impunidad de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos involucrados, ayudan a identificar, condenar y erradicar esas prácticas.

En un sistema democrático los medios de comunicación impresos y electrónicos juegan un papel importante en el combate a la corrupción. Ésta es originada en el gobierno y corresponde también al gobierno buscar soluciones, sin embargo, desde hace tiempo el combate a la corrupción forma parte de iniciativas civiles y empresariales, y para erradicarla hace falta también acabar con la impunidad.  Que no haya castigos para los infractores motiva a seguir rompiendo las reglas; no es que no existan las leyes adecuadas, es que no se cumplen.

El compromiso con nuestros seguidores es investigar y difundir casos de corrupción e impunidad para que en México haya transparencia y justicia, y dejemos de repetir la misma historia con diferentes protagonistas.