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Por Dianeth Pérez Arreola

Esta administración estatal, a pesar de su corta duración, está plagada de escándalos. Jaime Bonilla, que se la da de muy honesto, va cerrando su ciclo como empezó: de la peor manera. Solo hay que recordar que el escándalo de los moches empezó a gestarse incluso antes de iniciar el gobierno morenista, y que salió a la luz cuando los nuevos funcionarios aun no calentaban su silla. Y que conste que en Gobierno del Estado no se mueve una hoja sin que Amador Rodríguez Lozano y Jaime Bonilla lo sepan.

Luego vinieron los intentos de prolongar la administración de dos a cinco años a través de una reforma a la constitución, y para que pasara, se invirtieron millones de dólares en sobornos a los diputados, dinero que al parecer se generó en actos de corrupción en las aduanas del estado. Bonilla y Amador pronto se recuperaron del veredicto de la Suprema Corte de Justicia, que echó abajo el intento de extender el periodo y maquinaron otra reforma, esta vez para que el próximo gobernador tuviera un periodo de tres años y no de seis, intento que terminó también en fracaso.

Pero no tardaron en sacar la “Ley Gandalla” que permite competir por la reelección sin renunciar al cargo actual. Es decir, ahora que estamos en el poder, manipulemos las leyes a nuestro antojo para permanecer en él de la forma más fácil y cómoda posible. Pero hay más.

Funcionarios corruptos

Quien fuera el primer oficial mayor de la presente administración, Jesús Núñez Camacho, renunció tras un mes en el cargo por el escándalo de los “moches”. Sin embargo, absuelto por Bonilla, regresa el 2 de abril de este año como Comisionado del Sistema Penitenciario de Baja California y aquí no ha pasado nada.

Israel Clemente González fue nombrado director Administrativo de la Secretaría de Salud Estatal y destituido tan solo dos meses después, al saberse que contaba con antecedentes penales: fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2006 con 725 mil dólares de los que no pudo aclarar su procedencia y condenado a 7 años de prisión, que no sabemos si cumplió. También trascendió que otra razón para su despido habría sido que aprovechó la ausencia del secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, debido a un viaje de trabajo, para hacer adjudicaciones directas a empresas de bancos de sangre.

Israel Clemente González.

Además, Clemente González es la conexión entre la red de funcionarios corruptos del exgobernador Francisco Vega y la de los funcionarios corruptos de Jaime Bonilla. Tiene una relación sentimental con Thanya Díaz de León, quien en la pasada administración fuera directora de Administración en Isesalud. El modus operandi de la pareja fue descrito en un reportaje de investigación publicado por este medio. ¿Por qué lo nombró Oficial Mayor (el séptimo de la administración morenista) con semejante historial? Todos queremos saberlo.

A Bonilla y Amador, incansables pensadores de ocurrencias, idearon la creación del Sistema de Administración Tributaria Estatal, conocido como “el satito” para tener ingresos extras. Para hacerse cargo de esa nueva oficina nombró a Eva María Soria Amador, quien fuera Administradora de la Aduana de Tijuana.

Soria Amador, de la Aduana de Tijuana, David Pérez Tejada Padilla, de la Aduana de Tecate y Raimundo Humberto Jiménez Lázaro, de la Aduana de Mexicali, (luego sustituido por Alejandro Miramontes Armenta) formaron una red de influencias para permitir el paso de mercancía ilegal, y fueron separados de sus cargos por pérdida de confianza (¿se acuerdan de dónde salió el dinero de los sobornos para que los diputados aprobaran la extensión de mandato?).

Eva María Soria Amador.

Según información publicada en Proceso, los exadministradores están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Mencionan también sus relaciones de parentesco; Pérez Tejada Padilla es concuño de Miramontes Armenta, en tanto que Arnoldo Martínez Rentería, cesado por la extitular del SAT, Margaritra Ríos-Farjat, por negociar un contrato de manera irregular, fue pareja de Soria Amador.

Cobros de agua

El año pasado el gobierno estatal empezó a cobrar supuestos adeudos por el servicio de agua potable a grandes empresas, que amparadas en antiguos tratos con administraciones anteriores, dañaban gravemente las finanzas del estado al no pagar por el servicio o por hacerlo en menor cantidad al agua utilizada, según el estado.

Para realizar estos cobros, a pesar de contar con un departamento y personal para ello, Jaime Bonilla contrató a la empresa Fisamex, que se queda con una comisión del 20 por ciento del monto recuperado, que actualmente asciende a más de mil 600 millones de pesos, lo que representa una comisión que ronda los 320 millones de pesos.

Los organismos estatales del agua en los municipios de Baja California suspendieron el servicio a hoteles e industrias como medida de presión para liquidar los supuestos adeudos. Los propietarios de los establecimientos dijeron que primero les retiraron el medidor de agua y luego les suspendieron el servicio sin avisar. En marzo pasado Bonilla incluso anunció su intención de realizar reformas para poder clausurar negocios que “se nieguen a pagar por el servicio”, o dicho de otra manera, que se nieguen a pagar los adeudos que el gobierno dice que tienen.

Manuel García Soto, representante de Fisamex.

Pero el gobernador morenista no se ha conformado con ir tras las grandes empresas. Ahora a todo local comercial le están haciendo llegar cobros por servicio de agua en la modalidad de derecho de conexión o alcantarillado; así de buenas a primeras y a grandes y pequeños locales por igual. Esta situación no ha trascendido y como no hay conferencias mañaneras en Facebook por parte del gobernador por encontrarnos en proceso electoral, no hay reclamos públicos. Los cobros son en miles de pesos y no hay pero ni reclamo que valga.

Fuego amigo

Público y notorio son los pleitos que tiene Bonilla con sus propios funcionarios. La animadversión que mostró contra el exalcalde tijuanense Arturo González Cruz, no paró hasta hacerlo dejar el cargo. Con el pretexto de la inseguridad lo atacaba sin tregua en sus conferencias mañaneras, y ahora que la violencia en Tijuana sigue imparable y quien ocupa el cargo de presidente municipal en esa ciudad es Patricia Ruiz, hija de su compadre y fiscal del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, no dice ni pío.

El acoso contra González Cruz llegó a hasta una acusación por homicidio por parte de la FGE, por la muerte de Mariano Soto, un blogero tijuanense ocupado en temas de seguridad.

Arturo González Cruz.

A la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, tampoco la ha dejado en paz. Bonilla la ha acusado públicamente de tener nexos con el crimen organizado. Ella presentó en julio del año pasado una denuncia ante la FGR por “amenazas” y “acoso” contra el gobernador del estado, Jaime Bonilla y el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Adams Pereyra envió una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador comentando que el gobernador mandó al secretario general de gobierno a intimidarla para que el cabildo respalde la decisión que tomará el Congreso para que se eligiera en este proceso electoral a un gobernador para un periodo de tres años.

Zulema Adams Pereyra.

Bajo y vengativo como es, Bonilla esperó hasta el 19 de mayo para publicar en el periódico oficial del estado la “Ley de Ingresos del Municipio de Tecate y tabla de valores catastrales unitarios, base del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021”, a pesar de que fue aprobado el 22 de diciembre del año pasado y publicado seis días más tarde para todos los municipios, excepto el de Tecate.

La expropiación del Club Campestre

El 13 de abril Bonilla publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado en el cual anuncia la expropiación del terreno por “declaratoria de utilidad pública” con lo que busca expropiar y llevar a cabo “la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre”. El argumento del gobernador es que los propietarios han incumplido con sus obligaciones fiscales.

El gobierno de Jaime Bonilla, ofreció pagar mil 230 millones de pesos por expropiar 52 hectáreas del Club Campestre., sin embargo el valor comercial del terreno es cercano a los 12 mil 500 millones de pesos, según expertos inmobiliarios.

Hay que destacar que el exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ha sido administrador de dicho club, lo que pudiera haber ocasionado la ocurrencia de la expropiación. Bonilla acusó al exalcalde de encubrir y beneficiarse de la situación como administrador.

Nóminas infladas

El “satito” estuvo por algunos meses ubicado en la calzada Milton Castellanos, junto al Teatro del estado en la capital del estado. Mandaron traer a los “jefes” de otras entidades federativas, los cuales llegaron con actitud soberbia, muy al estilo de Bonilla, a hacer nada y ganar mucho. En esas oficinas contaban con un par de escritorios, pocas sillas y ningún equipo de oficina como computadoras, impresoras, hojas, grapas o plumas.

Desde febrero se mudaron a Tijuana, a seguir haciendo nada, pues el SAT estatal no tiene ni las facultades ni los bienes necesarios (almacenes, refrigeradores, básculas) para hacer lo que pretendía hacer cuando fue creado.

Mientras tanto en Recaudación, los empleados de confianza con años de servicio, que son los que saben en realidad cómo funciona la oficina, ven como se infla la nómina de empleados que seguramente obtendrán su basificación en los próximos meses. Por lo pronto que a nadie se le ocurra aceptar el puesto de recaudador en Mexicali, pues transcendió que buscan un chivo expiatorio que cargue con toda la desorganización y malos manejos de este año y medio.