Compartir esta nota

Por Dianeth Pérez Arreola

En el gobierno de Jaime Bonilla basta que él decida perdonar el pasado de los más obscuros personajes para que asuman, absueltos de toda culpa, un lugar privilegiado en su gabinete. ¿Por qué a pesar de sus antecedentes o su pésimo desempeño Bonilla se empeña en sostenerlos?

La lista es larga: Amador Rodríguez Lozano, Julio Rodríguez Villareal, Israel Clemente González, Vicenta Espinoza, Meli Espinoza, Jesús Núñez Camacho, Guillermo Ruiz Hernández, Luis Gudiño González, Alba María Fimbres y Paulina Tinoco, entre otros.

El 16 de marzo, el secretario General de Gobierno le tomó protesta a Israel Clemente González como nuevo Oficial Mayor del Estado. Hay que recordar que el licenciado en Derecho es el séptimo Oficial Mayor del corto gobierno de Bonilla.

Clemente González fue detenido en enero de 2006 por agentes federales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al descubrir que llevaba más de 725 mil dólares en efectivo cuya procedencia legal no pudo acreditar. Por esto recibió una sentencia de 7 años y una multa de casi 100 mil pesos, sanciones asentadas en la causa penal 9/2006.

El funcionario fue invitado a trabajar en el gabinete estatal al inicio de la administración, en noviembre de 2019. Fue designado subdirector general de Administración de la Secretaría de Salud del Estado, aunque fue removido el 26 de diciembre de ese año. Oficialmente su salida se debió a que se hicieron públicos sus antecedentes penales, aunque fuentes al interior del gobierno señalan que la verdadera razón fue que realizó adjudicaciones directas millonarias a espaldas del secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

Pero hace un año, solo tres meses después de su “despido”, Clemente González asume la encomienda de la dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor. Nada menos que el encargado de las compras en el gobierno estatal, después de la experiencia de las adjudicaciones millonarias en el sector salud. Incomprensible.

Pero eso no es todo. El funcionario, conocido por ir armado y contar con escoltas personales, inicia una relación sentimental con Thanya Díaz de León; exfuncionaria con Kiko Vega que tiene un litigio con Gobierno del Estado por su despido. Ella es propietaria de la empresa Productora Aquícola (sic) Urbana, conocida como Camur, un negocio de venta de mariscos en Mexicali que habría sido financiado con fondos perdidos estatales y federales.

#ConexionCamur, una investigación conjunta de Yo rechazo la Corrupción y la Impunidad y Periodismo Negro, desveló una trama que involucra la participación de funcionarios del sexenio de Francisco Vega, e inyecciones de dinero al negocio de procedencia desconocida. Tanto a Israel Clemente como a Vicenta Espinoza se les ha visto en el lugar.

Pero ahora la novedad es que el primer Oficial Mayor nombrado por Bonilla, Jesús Núñez Camacho, involucrado en el escándalo de moches a las pocas semanas del gobierno morenista en el Estado, ha sido nombrado este 2 de abril como el nuevo Comisionado del Sistema Estatal Penitenciario en sustitución de Salvador Morales Riubí, quien tuvo un pésimo desempeño en ese cargo.

Núñez Camacho como Oficial Mayor y Cinthya Gissel García Soberanes como secretaria de Bienestar Social, se vieron involucrados a principios de diciembre de 2019 en un escándalo al difundirse un chat de Whatsapp donde hablaban del dinero pedido a proveedores. El testigo y denunciante Rosendo Colorado, explicó que los “moches” se cobraron con la promesa de participación en las licitaciones para compra de alimentos; específicamente para los presos de los penales estatales y desayunos escolares.

Ahora Jesús Núñez regresa libre de toda culpa, igual que Israel Camacho. Éste último con un cargo que equivale a poner un león a cuidar una carnicería. ¿Por qué premia Bonilla a estos personajes de dudosa reputación? Seguramente porque han comprendido el mecanismo para ordeñar el sistema, y ponerlos en esa posición privilegiada, naturalmente tiene un precio.

Con información de Periodismonegro.mx