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CHIHUAHUA, FEBRERO 25, 2021.- La Fiscalía General de Chihuahua acusó a la candidata del PAN a la gubernatura, la actual alcaldesa María Eugenia Campos Galván, de haber recibido sobornos por al menos 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte, quien hoy está preso en Estados Unidos por un desfalco millonario al erario estatal y por asociación delictuosa, publica hoy el portal Animal Político.

La acusación sostiene que los presuntos pagos se efectuaron cuando Campos Galván era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo.

Los sobornos también habrían sido pagados a César Jáuregui Moreno, que era coordinador del grupo parlamentario del PAN y luego se convirtió en Secretario del Ayuntamiento en el gobierno de Campos Galván en la capital chihuahuense.

La panista se reeligió en 2018, y recientemente solicitó licencia para participar en la contienda por la sucesión de Javier Corral, su compañero de partido.

Animal Político posee una copia de los recibos de pago que forman parte de la carpeta de investigación. El exgobernador Duarte se aseguró de certificar dichos recibos ante un notario público de Chihuahua para así ejercer control sobre los beneficiarios de su “nómina secreta”, a través de la cual fueron desviados alrededor de mil millones de pesos del erario para entregarlos como sobornos a legisladores y políticos de todos los partidos, funcionarios, líderes sindicales y medios de comunicación, según la denuncia.

Esta acusación de la Fiscalía estatal por el delito de cohecho ya fue judicializada en la causa penal 2821/2020. Este miércoles se llevaría a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso de Campos Galván, la cual había sido diferida desde noviembre a petición de la defensa de la alcaldesa con licencia, lo que ha sido interpretado por los fiscales como una maniobra para que la panista pueda llegar a las elecciones y, eventualmente, escudarse en el fuero constitucional.

Sin embargo, una vez más fue pospuesta. Se programará una nueva fecha para la audiencia inicial de vinculación a proceso. La defensa de la candidata panista sostiene que no ha tenido tiempo de conocer las impugnaciones de la Fiscalía contra su clienta.

El abogado de la candidata es Antonio Lozano Gracia, exprocurador de la República y quien también fue defensor del sonorense Guillermo Padrés. En la defensa también participan Arturo Chávez Chávez, quien también fue titular de la extinta PGR, y el exsubprocurador Francisco Molina Ruiz. Los tres abogados fueron funcionarios en el sexenio de Felipe Calderón.