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Por Dianeth Pérez Arreola

La empresa «Rust Servicios Ambientales e Ingeniería, S.A. de C.V.» a quien en enero pasado se le adjudicó directamente el contrato DAD-ADQ-CESPT-06-21 ha decidido retirarse, pues expresa que además de que no le habían notificado que tenía que hacerse cargo de las sustancias químicas para tratar las aguas negras, la operación resultaba incosteable por la “comisión” que les requería el subdirector de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), Armando Reyes Arana.

El contrato entre la CESPT y Rust fue por un monto de 29.7 millones de pesos, y comprendía un periodo de operaciones del 5 de febrero al 31 de octubre de este año, desplazando a la empresa “Suez México S.A. de C.V.” una trasnacional de origen francés y líder mundial en planeación, construcción y operación de plantas potabilizadores y de tratamiento de aguas negras.

Suscriben el documento el secretario Salomón Faz, el director de CESPT, Eliel Vargas, el subdirector Financiero Armando Reyes Arana y el jefe de Compras Francisco Muñoz Ledo.

Sin embargo hace unos días la empresa Rust presentó un escrito manifestando que se retiraría de las plantas porque venían haciendo descargas al río Tijuana, ya que no se les advirtió antes de otorgarles el contrato que dicha empresa debía adquirir y aplicar las sustancias químicas para el tratamiento de las aguas negras de las plantas «Ing. José Arturo Herrera Ortíz», «La Morita» y «Natura».

Además, la empresa manifiesta que la operación le resultaba incosteable por la «comisión» que les requería el subdirector de CESPT, Armando Reyes Arana. Ese escrito en cuanto fue detectado por el director de la paraestatal ordenaron al departamento jurídico recoger el original del archivo y a sus informáticos de confianza desaparecer todo registro electrónico del mismo.

Posteriormente convocaron a una reunión con la empresa para exhortarles en buenos términos a presentar un escrito exponiendo otras causales en las cuales ambas partes convinieran, sin penalizaciones o «daños colaterales», la terminación anticipada del contrato, relataron fuentes enteradas del caso.

Ahora, al parecer el exdirector de CESPT, Rigoberto Laborín, le está allanando el camino a la empresa recolectora de basura «King Kong» para que sirva de prestanombres de Laborín y se quede con el contrato, no obstante que dicha empresa no tiene en su actividad comercial la planeación, construcción ni operación de plantas de tratamiento, ni experiencia conocida en esa materia.

Esta es una de las razones por las cuales Jaime Bonilla ordenó al congreso local que a días de culminar su gestión emitieran un decreto de reforma a la Ley de Entrega Recepción de los asuntos públicos para que se permita otorgar concesiones y hacer contrataciones dentro de los 90 días previos a la entrega de la administración estatal, e incluso dicha reforma ordena mantener al margen o fuera de cualquier conocimiento a la administración entrante.

Esto contrasta con las acciones de Jaime Bonilla, Amador Rodriguez y Catalino Zavala en la legislatura antes de tomar posesión, pues para «amarrarle” las manos a Kiko Vega y no les entregara la administración con deuda o contratos que trascendieran a su gobierno, emitieron como primer decreto de la actual legislatura uno en el que prohibían las contrataciones, basificaciones, concesiones y permisos dentro del periodo de 90 días previos a la toma de protesta de Bonilla.

La gobernadora entrante, Marina del Pilar, encontrará finanzas comprometidas en adeudos de miles de millones a proveedores, servicios, deuda pública, participaciones, y ahora prestamos recibidos de los ayuntamientos, de dudosa legalidad, según denunció la Coparmex hace unos días.