Compartir esta nota

Por Dianeth Pérez Arreola

«La humillación pública no tiene hoy límites. El usuario más anónimo de las redes sociales puede ver arruinada su vida cuando se convierte en diana de los justicieros virtuales. Cualquier frase desafortunada, opinión chocante o desliz en alguno de esos canales basta para ser llevado, sin posibilidad de defensa, a un patíbulo digital», escribió Javier Ricou, en el diario La Vanguardia hace algunos años.

Hoy sábado 16 de enero hubo un linchamiento digital dirigido por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla durante su conferencia mañanera en contra de un médico que se «saltó la fila» de la vacuna contra el Covid. En la transmisión por redes sociales se difundió el nombre completo, la página de Facebook y la fotografía del médico en cuestión.

Esto es un acto abusivo y desigual porque viene de una autoridad, y el acusado no tendrá nunca los mismos medios y posibilidades de defenderse o responder al ataque.

Es un acto irresponsable porque los fanáticos seguidores de Bonilla posiblemente ya le han enviado mensajes amenazantes. El médico eliminó el post donde comentaba que fue vacunado.

Es un acto no ético e ilegal porque afecta el derecho a la privacidad; uno de los derechos digitales más importantes y ahora mismo en boca de todos con la pretensión de modificar las reglas del uso de WhatsApp, que incluye recopilar y compartir más información del usuario. Privacidad es privacidad, no solo en ciertos casos, pero el mandatario estatal es muy soberbio para reconocer que cometió un error, y muy ignorante para comprender en que consistió su falta.

Por supuesto que lo anterior no le quita gravedad al hecho cometido por el médico. Si no era personal de primera línea en la lucha contra el Covid y además formaba parte del personal en resguardo, no tenía derecho a recibir aun la vacuna, pero hay formas y medios para aplicar una sanción privada y proporcional a su falta.

Para hacer más grave el asunto, varios medios de comunicación han reproducido el hecho; no como cabría esperarse, condenando esta forma de justicia digital ejercida desde el poder, sino siguiéndole el juego al gobernador sumándose al apedreo virtual publicando también página de Facebook, foto y nombre completo del médico.

Un mal día para los derechos digitales en Baja California.