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De acuerdo con Reforma, un testigo protegido declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que los 43 estudiantes fueron detenidos por un convoy de operación conjunta entre militares, policías y sicarios.

El testigo, que hizo fuertes revelaciones, fue identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de los estudiantes.

Las declaraciones han llevado a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con los hechos.

Asimismo, el testigo declaró que detuvieron a 30 personas más, es decir, en total se habrían detenido a 73 personas, pero sólo una parte de ellos fueron interrogados en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero. Después, fueron entregados al grupo criminal para que los desaparecieran, algunos ya muertos.

En tanto, Juan señaló a Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, como operador de la detención de los normalistas de Ayotzinapa, quien incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital.

Según dicho periódico, en su declaración del 10 de febrero de 2020, el testigo protegido dijo: «deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos».

Juan explicó que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo. Los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes de Ayotzinapa que hacían una protesta en Iguala.

Supuestamente, el propósito era interrogar a las personas detenidas para saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario. A los sujetos se los dividieron Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía estatal, y a otro el Ejército.

Los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como «Los Tilos», quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.

Otros estudiantes fueron destazados a machetazos y hachazos. Después, los trasladaron a Servicios Funerarios “El Ángel”, a las afueras de Iguala. Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos.

El testigo reveló que los restos que no alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.

Otra fuerte confesión del testigo fue que los policías estatales estaban confabulados con los narcos y sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos”.

Una parte de las cenizas fueron entregadas por los narcos a un agente de la policía ministerial de Guerrero de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca, el 3 o 4 de octubre de 2014, con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones.

El testigo indicó que el mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos, e inclusive a ‘sembrar’ casquillos y cartuchos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula.

La operación tenía el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva, y no a los capos, de la desaparición de los normalistas.

La Procuraduría General de la República (PGR) fincó en el “hallazgo” de Cocula la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y procedió a la detención de algunos sicarios, del entonces Alcalde del PRD, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y de policías municipales.

Juan reveló que los restos de cuerpos de normalistas y otras personas detenidas fueron llevados a la Funeraria “El Ángel”, misma que era usada por las autoridades como Semefo.

Asimismo, indicó que Guerreros Unidos tenía control del crematorio, pues habitualmente ahí desaparecía a sus enemigos y las autoridades locales lo protegían.

«Se los llevaron en bolsas como las que transportan valores, muy gruesas, de plástico transparente; se transportaron en camionetas. Se hicieron varios viajes que les llevó más o menos dos a tres horas de ir y venir».

«No se cuántas camionetas intervinieron, pero entre ellas había una camioneta Tacoma blanca que era doble cabina, con su batea descubierta. Para llevar los restos al crematorio se decidió destazar para que hubiera más capacidad y meterlos al horno crematorio».

El testimonio confesó que el jefe de plaza de Guerreros Unidos, conocido como «El Minicoper», fue quien hizo práctica común el uso del crematorio y a quien describió como bajo de estatura, tez clara, de entre 35 y 40 años, era el responsable del uso de los hornos.Con información de Reforma.