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En lo que va de 2020, 79.8% de los contratos del gobierno han sido dados por adjudicación directa, publica el portal Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La Secretaria de la Función Pública propone reducir las adjudicaciones directas a 20%, pero hoy 8 de cada 10 contratos se dan así.

Sin importar el partido en el gobierno, las adjudicaciones directas han sido y siguen siendo el mecanismo favorito para la asignación de contratos públicos. En el seguimiento puntual que realizamos desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, hemos dado cuenta de cómo esta forma de contratación se utiliza en un promedio de 3 de cada 4 procedimientos de compra, arrendamiento o construcción de la administración pública. Si tomamos los datos oficiales de la SHCP de los 10 meses que han transcurrido de 2020, encontraremos que estamos por arriba de ese promedio, pues de los 120, 102 contratos que actualmente forman parte de la base de datos, 95, 887 han sido entregados via adjudicación directa, o sea el 79.8%.

La observación más notable con los datos hasta este momento no es que los contratos entregados directamente continúan usándose ampliamente, cuestión que ya ha quedado demostrada a lo largo de los meses de esta administración, sino que, al considerar los montos contratados, la adjudicación directa se acerca a convertirse también en el mecanismo principal de asignación. Algo muy diferente a lo que la propia autoridad utiliza como un argumento para justificar el uso y abuso de esta figura.

De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), efectivamente la adjudicación directa puede utilizarse «cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación» (artículo 42, primer párrafo) o cuando nos encontremos ante causas de fuerza mayor, como la pandemia. Si estas dos justificaciones fueran la principal causa del uso de adjudicaciones directas, podríamos identificarlas en la base de datos de Compranet, pues se especifica en la mayoría de los casos cuál es el fundamento legal que ampara el no hacer una licitación.

Al tomar las adjudicaciones directas de 2020 y ordenarlas para identificar las 10 justificaciones que más recursos han entregado, encontraremos que las relacionadas con el monto del contrato ocupan la 7ª posición y han entregado 5,162 mdp (casi una sexta parte de la primera justificación, que ha entregado 29,971 mdp a empresas en estado de liquidación, disolución o bajo intervención judicial).

Igualmente, los argumentos de emergencia como el caso fortuito, la fuerza mayor o que peligre el orden público o de salubridad, se encuentran hasta el 4º y 5º lugar, con montos significativamente inferiores que, por ejemplo, la justificación del artítculo 41, fracción III, que habla de circunstancias (las que sean) que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes.

En un análisis posterior profundizaremos en la investigación y evaluación de las múltiples justificaciones legales que se esgrimen para el uso y abuso de las adjudicaciones directas, pero sirvan estos datos para mostrar que la realidad es más compleja de las simplificaciones que las autoridades quisieran pintar, como que la pandemia es la causante de todo cuando este comportamiento lo hemos identificado con claridad desde el primer año de gobierno, cuando no había ninguna emergencia sanitaria.